La sociedad está dividida en varias grietas, una de ellas es aquellas que divide a los ciudadanos en quienes confían en la policía y en quienes le temen.
Desde los comienzos de la historia en todas las sociedades existen quienes protegen y rigen justicia a favor de la población, sin embargo no todos confían en los encargados de llevar a cabo estas acciones. A raíz de esto, empiezan los debates y las dudas respecto a hechos relacionados con las instituciones encargadas de la seguridad. El otorgar poder a un igual siempre genera miedo en las personas que prefieren no confiar plenamente en todo.
En América Latina ocurre mucho esta desconfianza a partir de las dictaduras por un lado y por el otro muy diferente las corrupciones vividas tanto en el pasado como en el presente. Específicamente en la Argentina, como consecuencia del Proceso de Reorganización Nacional que gobernó el país entre 24 de marzo de 1976 hasta 10 de diciembre de 1983, el pueblo quedó muy afectado y dividido en relación a las personas que se manejan con poder. Aquel que controlan y los contactos que mantienen para muchos es una amenaza y para otros un beneficio, estos últimos creen en su promesa de proteger por sobre reaccionar.
También ocurre que a partir del incremento de presencia de crimen y la violencia en la región, se convierte en un desafío para los gobiernos el poder generar confianza en la actividad policial.Para esto es necesario llevar a cabo un esfuerzo institucional y voluntad política en donde se tengan en cuenta principalmente los protocolos de acción, el entrenamiento, los sistemas de monitoreo. La convivencia ciudadana es clave para el desarrollo laboral de este sistema.
Como expone el Observatorio de Seguridad Ciudadana: “un 21.2% de la población evalúa como menos confiable a las policías locales respecto de las fuerzas federales de seguridad. Este fenómeno se observa con particular intensidad en las provincias de Tucumán, San Juan, La Rioja, Corrientes y Buenos Aires, y con menor intensidad en CABA, La Pampa, Tierra del Fuego y San Luis.”.
No solo hay que tener en cuenta las acciones de la policía, sino también su palabra. Tener en cuenta lo que informan y considerarlo oficial no es lo que ocurre el 100% de las veces. Sin embargo, sí existen quienes, por considerar esta institución confiable, consideran su palabra totalmente verdadera. Ha ocurrido una denuncia clave en las decisiones respectos a que palabras confiar, este fallo es el caso de Julio César Campillay contra el diario La Razón. Este periódico había publicado que Campillay había cometido diversos delitos, sobre la base de información proporcionada por la Policía Federal. Sin embargo, la información era falsa y Campillay demandó al diario. El medio de comunicación se defendió entonces con el argumento de que se estaría coartando indebidamente la libertad de prensa si se le impone a los medios de comunicación la obligación de verificar todas las informaciones que publican, ya que por ejemplo se suele creer que una institución civil como la policía no mentiría.
En la actualidad la palabra de la Policía no solo se encuentra en comunicados oficiales y palabras de los principales funcionarios sino también en Tweets. La Policía Federal Argentina tiene Twitter. Su perfil es @PFAOficial, se presentan como “La Policía Federal Argentina es una institución civil armada constituida como Policía de Estado de la Nación. Actualmente, depende del Ministerio de Seguridad.”, y cuentan con 140 mil seguidores. Estos últimos pueden considerarse no sólo usuarios de la red sino también personas quienes se apoyan en lo que informan mediante fotos, pequeños posteos y links de videos de youtube. Muchos consideran este paso al mundo virtual no tan profesional, expresando que le quita seriedad a la institución. Para imponer poder sobre la inseguridad del día a día se necesita seriedad y concentración; aspectos que, según algunas partes de la sociedad, van perdiendo con algunas de sus acciones estos sistemas.
Los ciudadanos se sienten más seguros en relación al nivel de confianza que tienen con la policía y las autoridades relacionadas con la prevención y el control del delito. Creen en que su principal objetivo debería ser el cumplimiento de realizar de manera eficiente su tarea y que estén predispuestos a responder en caso de necesidad. Las opiniones generadas sobre el desempeño de las consideradas instituciones del sistema judicial penal, pueden llegar a afectar las percepciones sobre inseguridad. Es necesario que la población llegue a un punto en donde confíe en estos actores y su eficiencia, ésta última evaluada en términos de ausencia de impunidad.
De igual forma hay que tener en cuenta los diferentes tipos de instituciones relacionadas con el sistema policial. Si se observan los datos obtenidos a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización del año 2017 es posible destacar que “la población deposita mayor confianza en las fuerzas federales de seguridad, comparadas con las policías provinciales y con las instituciones del sistema de justicia.”. Algunos de los números que surgieron de la encuesta son: a nivel nacional, un 66.9% considera confiable o muy confiable a la Gendarmería Nacional, un 62.8% a la Prefectura Naval, y un 49.2% a la Policía Federal. El 38.4% de los consultados dice confiar en su policía provincial (o de la ciudad en el caso de CABA), mientras que un 43.1% confía en las fiscalías y sólo un 33.1% en los jueces y tribunales.
Tantos los números como los hechos dejan a la vista la grieta que divide la mirada hacia quienes ejercen el trabajo de proteger y reciben el poder de controlarlo. En una sociedad con libre albedrío es necesario que haya un orden, y en especial alguien que lo haga cumplir y lo vigile. Los abogados existen para castigar y analizar el incumplimiento de lo incorrecto, la policía en cambio se encarga de la prevención. Estos últimos tienen el deber de proteger a los ciudadanos de las injusticias. Sin embargo, y con la historia como argumento, muchos no llegan a confiar en su palabra por lo que tampoco en sus acciones.
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