Por Delfina Menna
A casi cuatro meses de asumir la presidencia en Chile, Gabriel Boric le ha dado múltiples giros a su estrategia para abordar el problema histórico que representa el conflicto con la comunidad mapuche al que, hasta ahora, ningún gobierno ha logrado encontrar una solución. Si bien la administración del presidente Boric ha mostrado mayor disposición que otras para poder desarrollar un diálogo, persisten en su coalición partidos políticos que han sido los arquitectos de una política de criminalización de los mapuches que justifica sus actos con la existencia de actos criminales comprobados y de un juicio penal en curso. Es por eso que se podría afirmar que hay una contradicción dentro del gobierno.
A los tres meses de comenzar su mandato, Boric decretó un estado de excepción "acotado", que en la práctica implica la autorización para que militares custodien rutas y carreteras en la región de La Araucanía y en las provincias vecinas. Es en esta región del sur del país donde existe desde hace décadas una disputa territorial no resuelta entre el Estado chileno, empresas forestales y comunidades mapuches. Estas últimas resisten la explotación de sus tierras ancestrales y donde se encuentra el epicentro de una crisis de seguridad que se ha agravado en las últimas semanas.
Las voces más duras y radicales lo acusan de haber traicionado su promesa electoral de diálogo y su rechazo a la militarización del gobierno de Sebastián Piñera para hacer frente a la violencia en la Araucanía en manos de un sector de la comunidad mapuche; mientras que las posturas más moderadas plantean que este nuevo estado de excepción no es una réplica del previo sino que se enfoca más en la protección de las vías públicas y no establece operativos militares en las comunidades indígenas.
Las distintas comunidades mapuches llevan décadas defendiendo sus derechos ante el Estado por sobreexplotación de sus recursos y pérdidas de tierras a pesar de la falta de ley de propiedad que apoye y sustente sus reclamos. Las expectativas de obtener una solución se centran en la nueva Carta Magna -sujeta al plebiscito nacional obligatorio del 4 de septiembre- que contempla la instauración del Estado plurinacional, de un doble sistema de justicia, además de autonomías, autogobiernos y devolución de tierras. Sin embargo, la estrategia de institucionalizar la relación con la comunidad mapuche a través de la Convención Constituyente es insuficiente dado que los sectores radicalizados no están dispuestos a formar parte de la nueva organización del Estado y buscan salidas violentas e insurreccionales.
En un inicio, el gobierno actual buscó no necesitar declarar el estado de excepción de emergencia mediante la creación de un “estado intermedio”, una nueva fórmula jurídica que permitía el despliegue de militares para resguardar los caminos, sin tener que recurrir a la declaración de un estado de excepción constitucional. Debido al requerimiento de un alto quórum, tres quintos del Congreso, y a la falta de apoyo en parlamentarios de su propio sector, Boric debió dejar atrás la propuesta y recurrir a la medida constitucional ya instaurada. Esto se debió principalmente a que en algunos sectores de la izquierda chilena, la utilización de militares, aunque solo sea para resguardar las vías públicas, es vista como una política que atenta contra la democracia y el respeto a las libertades individuales.
A pesar de las críticas por la militarización de la zona por parte de los sectores de izquierda y de pueblos originarios, la falta de mayoría en ambas cámaras y la demanda de seguridad llevó a que el Jefe de Estado debiese contradecir sus dichos de campaña en los cuales había asegurado que no renovaría el estado de emergencia en la llamada "macrozona sur", al considerar que lo que se vivía ahí era un conflicto histórico entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, lo que requería otras herramientas.
Durante su primera cuenta pública ante el Congreso Nacional, Gabriel Boric buscó establecer una suerte de hoja de ruta de lo que serán los pilares de su gobierno en áreas claves como salud, educación, pensiones, vivienda y trabajo y anunció una serie de medidas que buscan implementar una ambiciosa agenda de cambios estructurales. Una de las principales acciones se vinculó con la ratificación del aumento del presupuesto para la restitución de tierras a las comunidades. Además, el presidente de Chile anunció que solicitó al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la mediación del organismo para facilitar un proceso de diálogo que conduzca a la reparación de la deuda histórica del Estado con los pueblos originarios.
A principios de junio, la Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de resolución que declara a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y a otras organizaciones mapuches como asociaciones ilícitas de carácter terrorista. Esto se debe a que existen dos corrientes dentro de la comunidad mapuche: una rupturista que está por fuera del Estado y busca la autodeterminación y la autonomía de control territorial; y otra gradualista que para conseguir autonomía ocupa los espacios institucionales y busca el diálogo y la incorporación al Estado mediante la Nueva Constitución. Este 22 de junio, el gobierno chileno anunció que restituirían 172 hectáreas a 50 familias mapuches que conforman la comunidad José María Saavedra, en la región de La Araucanía. Dentro de la población chilena esta medida ha resultado polémica, ya que muchos consideran que es equivocado que el Estado compre tierras o ceda las suyas, caracterizándolo de expropiación.
Entonces, sabiendo que quedan pocos días para que Gabriel Boric reciba, el 4 de julio, el texto final de la propuesta de Nueva Constitución, todavía se está por ver cómo impactarán estas contradicciones en el gobierno en la percepción social y como pueden devenir las críticas provenientes de ambos lados en la toma de decisiones del presidente y en la relación entre el pueblo mapuche y el Estado chileno.
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